El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, afirmó que el Gobierno nacional no cuenta con los recursos necesarios para financiar la reconstrucción de viviendas, recuperación de tierras y la reactivación de economías afectadas por las intensas inundaciones que azotan al departamento de Córdoba.

Carrillo hizo el llamado de atención durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, en el que describió la emergencia como de gran magnitud y señaló que los fondos disponibles son insuficientes para cubrir las necesidades de la fase de reconstrucción. Según el funcionario, ni la Nación ni los gobiernos locales disponen de recursos suficientes para hacer frente a un desastre de esta envergadura sin mecanismos de financiamiento extraordinarios.

El departamento enfrenta una de sus peores crisis por lluvias, con grandes extensiones de tierra anegadas y miles de familias afectadas. Las precipitaciones continuas, inusuales para la temporada, han provocado el desbordamiento de ríos, dejando viviendas destruidas y terrenos productivos inutilizables en buena parte del territorio cordobés.

La falta de recursos ha generado preocupación entre autoridades y representantes políticos, que exigen mayor apoyo del Gobierno nacional. A esto se suman llamados a declarar una emergencia económica y social focalizada para facilitar giros de recursos y agilizar la atención a las comunidades afectadas.

A pesar de las limitaciones presupuestales, la UNGRD ha intensificado la entrega de ayuda humanitaria: más de 70 toneladas de asistencia —incluyendo colchonetas, kits de alimentos y otros insumos básicos— han sido enviadas a Montería para apoyar a las familias damnificadas mientras se coordina la atención inmediata en los municipios más golpeados.

La advertencia de Carrillo pone en evidencia las dificultades fiscales que enfrentan las entidades encargadas de la gestión de desastres en Colombia, en un contexto en el que fenómenos climáticos extremos parecen convertirse en una constante y exigen respuestas más robustas y sostenibles por parte del Estado.